De acuerdo con el fallo judicial, la solicitud de inmunidad para el ex mandatario por parte de la legación diplomática del gobierno mexicano resulta violatoria de la Constitución, en la medida en que fue formulada por un funcionario –el embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán– carente de atribuciones legales para ese efecto, así como de tratados internacionales en materia de derechos humanos. Si la referida petición de inmunidad por parte del gobierno calderonista fue parte de una vieja cadena de encubrimiento que persiste sexenio tras sexenio, el desaseo con que tales gestiones se desarrollaron sugiere un desorden y un descontrol de importancia mayúscula entre las legaciones diplomáticas de nuestro país y el gobierno mexicano, y sería necesario que tal desorden fuera esclarecido a partir de este caso y además de que deberían fincarse las responsabilidades correspondientes.

Adicionalmente a la confirmación del carácter improcedente e ilegal de la solicitud de inmunidad para Ernesto Zedillo –porque la mencionada inmunidad presidencial expiró, en todo caso, el 30 de noviembre de 2000– el otorgamiento del amparo abre una rendija para la reactivación del proceso emprendido en contra del ahora académico de Yale en una corte de Hartford, Connecticut, y por esa vía, para el esclarecimiento de la responsabilidad legal –la política y la moral son innegables– del ex mandatario en el episodio en que murieron 45 indígenas tzotziles pertenecientes a la organización Las Abejas.

Sin desconocer que la referida acusación ha sido cuestionada en sus motivaciones por un sector importante de las víctimas –concretamente, la organización Las Abejas y su entorno social de apoyo– la continuación de dicho proceso se presenta como una de las contadas vías para comenzar a destrabar la escandalosa impunidad que ha prevalecido en torno al caso en estos tres lustros, y para confirmar o desestimar las acusaciones por crímenes de lesa humanidad que desde 1997 persiguen al ex mandatario y a varios de sus colaboradores.

Tal perspectiva es particularmente necesaria en el momento presente, cuando la impunidad de que han gozado los autores intelectuales de la masacre se ha extendido al ámbito de los autores materiales –tras su liberación a instancias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en agosto de 2009–, y en la medida en que no parecen haber voluntad para el esclarecimiento de esos crímenes por parte de las instancias nacionales de procuración e impartición de justicia.

Hasta ahora, la estrategia tanto de Zedillo como de su defensa ha consistido en eludir toda discusión sustantiva por la responsabilidad en el caso Acteal: mientras que el primero ha rechazado pronunciarse alguno sobre el tema para no responder a calumnias, la segunda se ha escudado en alegatos impresentables, como la solicitud de inmunidad para el mandatario a fin de evitar la continuación del proceso en su contra. Paradójicamente, tales actitudes han reforzado la percepción pública sobre la responsabilidad del sucesor de Carlos Salinas en la masacre de Acteal.

Lo que nadie, ni Zedillo ni sus abogados ni el gobierno mexicano han podido negar es que la masacre de Acteal ocurrió con el telón de fondo de una estrategia contrainsurgente en contra de bases de apoyo zapatistas, debidamente documentada en informes de la Fiscalía Especializada para el Caso Acteal, y en papeles desclasificados de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos. Tales elementos habrían tenido que derivar en su momento en una investigación seria y profunda por parte de las autoridades nacionales y es necesario, ante la inoperancia de éstas, que el caso sea ventilado y abordado, así sea en el ámbito de la justicia internacional.