09222019Dom
Last updateSáb, 21 Sep 2019 2pm

Diálogo:Ley 4 ¿Motor de cambio o cuota de poder?

La Universidad de Sonora representa un motor de cambio social más allá de intereses políticos o económicos, como forjadora de agentes y productora de conocimiento a través de la investigación; especialmente en un contexto donde la desigualdad se acrecienta -pese a los adelantos del siglo XXI- auspiciada por la impunidad, la corrupción y el escaso respeto al Estado de Derecho.

Por eso la posible reforma a la Ley 4 no debe tomarse a la ligera. Requiere de un compromiso personal y profundo de cada uno de los diputados y diputadas, así como de los entes que intervendrán en esta reflexión.

En medio de una crisis financiera con subsidios embargados, sin recursos para el pago de salarios, sin energía eléctrica ni líneas telefónicas y bajo la amenaza de dejar de recibir más subsidios del gobierno; además de un clima de inestabilidad entre marchas, protestas y exigencias de respeto a la autonomía universitaria, en 1991 se dio paso a la Ley 4.

Con esta nueva Ley inició un nuevo período para la Universidad de Sonora que modificó en forma y fondo las funciones, organización académica, órganos internos, elección de autoridades, etcétera.

El principal argumento en ese entonces fue colocar la universidad por encima de intereses políticos y económicos a través de procesos internos que equilibraran núcleos de poder absolutos, dando paso a agentes externos a través de la Junta Universitaria para intervenir en decisiones internas aludiendo la necesidad de incorporar a la sociedad civil en el destino de la máxima casa de estudios.

Así se eliminó, por ejemplo, la elección de órganos de gobierno universitarios a través del voto secreto, directo y universal de maestros, trabajadores y estudiantes entre otros temas primordiales, que hoy están siendo retomados por quienes impulsan una nueva revisión de esta Ley.

Recordemos que la Unison es un ente público con total independencia y personalidad jurídica, es decir regula sus propios estatutos, normas, reglamentos, y tiene total libertad para administrar sus bienes y recursos.

¿Qué se percibe sobre lo que está sucediendo? Que personas o grupos con alguna participación directa o indirecta en la vida universitaria que siempre estuvieron en contra de esta Ley 4 y que se sintieron ‘intervenidos’ por el Estado, hoy ven las condiciones políticas para retomar el tema e intentar una nueva modificación, específicamente simpatizantes o colaboradores del actual partido en el gobierno a nivel nacional.

El Congreso de Sonora debe aprovechar esta iniciativa para generar una consulta (tipo parlamento abierto) con académicos, alumnos, trabajadores e incluso ciudadanos, toda crisis representa una oportunidad para mejorar.

Sería un error circunscribirse la discusión sólo en el mecanismo de elección del nuevo rector.

Ahora bien, las principales y más reconocidas universidades del mundo, entre ellas la UNAM, siguen el mecanismo de la Junta Universitaria o bien Junta de Gobierno para elegir a sus rectores.

El mecanismo que la iniciativa propone de volver al voto universal y secreto de la población universitaria no necesariamente garantiza equilibrios, y el gran riesgo es que llevarían los vicios de la política local o nacional, incluso del mismo Congreso a la universidad, secuestrando entonces sí su autonomía -como ha sucedido en otros estados con extremos de sucesos. La Unison no tiene dicha problemática y no tiene por qué tenerla-.

Sin dejar de lado que siendo así, las universidades debieran votar por los mejores y no por los más populares o con mayor apoyo económico o político.

Ante este panorama las preguntas que nos debemos plantear son las siguientes:

Qué método asegura mayor calidad académica para la Unison

Y qué método asegura mayor gobernabilidad y estabilidad

Pareciera pues que las voces que exigen democratización de los procesos de selección de las autoridades universitarias sólo se están enfocando en los temas de gobernabilidad, al menos así se ha ventilado mediáticamente, y no en garantizar o mantener la calidad académica.

Tampoco debemos como sonorenses dejar de reconocer los evidentes avances en materia de administración, competitividad, equipamiento e infraestructura reflejados en los períodos al menos de los últimos tres rectores desde Jorge Luis Ibarra hasta Heriberto Grijalva, antes del actual. Hay un esfuerzo constante ahí con todo y la problemática de los conflictos sindicales, mayor transparencia y demás.

Bajo la lógica de que todo es perfectible, este momento es una gran oportunidad para mejorar la Ley 4, pensando en el beneficio académico de sus estudiantes que son el motor de cambio para Sonora y no como una cuota más de poder.

Agradezco sus comentarios y retroalimentación a través del correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.; y en redes sociales: Twitter @DavidFigueroaO /Fb David Figueroa O.

Reseña: David Figueroa Ortega es empresario, Ex Cónsul de México en Los Ángeles y San José California; Ex Diputado Federal; Ex Alcalde de Agua Prieta; Ex Dirigente del PAN en Sonora.


Diálogo: Paquete económico 2020.

Ya vimos cómo el crecimiento cero en la economía mexicana en lo que va del 2019 ha golpeado duro en el tema de inversión y desarrollo, pero el reloj no se detiene y con esas bases hay que mirar al 2020.

No hay mucho tiempo para lamentos y este fin de semana el gobierno federal entregó su propuesta de paquete económico para el próximo año, con algunos indicadores extremos en el tema de recortes e incrementos presupuestales en Secretarías.

De los 6.1 billones de pesos en total que contempla el proyecto, Arturo Herrera, titular de la SHCP asegura que el gasto va enfocado a programas sociales para reducir la desigualdad en México y fortalecer la austeridad republicana, que ya quisiéramos muchos poder traducir este concepto en términos de desarrollo.

De hecho, el proyecto no muestra énfasis en los factores que estimulen el crecimiento económico, dicha responsabilidad queda entonces en manos de los diputados federales que deberán aprobar el paquete a más tardar el 15 de noviembre.

Lo bueno, mantiene un equilibrio fiscal y una visión responsable sobre la deuda pública.

Lo malo, demasiado optimismo referente al crecimiento económico planteado de entre el 1.5% al 2.5%, cuando en este año no creceremos más del 0.4%. Sin contar la desaceleración de la economía norteamericana que se estima sólo crezca el 1.8%.

El optimismo también se refleja en la producción petrolera que contempla 1.95 millones de barriles diarios, tomando en cuenta que hoy en día estamos produciendo 1.6 millones de barriles al día.

Lo feo, que la realidad sea distinta a lo planteado y se tengan que hacer nuevamente ajustes significativos a su política económica, como ya pasó con el presupuesto de este 2019.

En pesos y centavos destaca la Secretaría de Energía con el mayor incremento presupuestal de 27 a 29 mil millones de pesos; le sigue la Secretaría de la Función Pública y en tercer lugar la Secretaría de Bienestar.

A seguridad van 59 mil 150 millones de pesos, pero paradójicamente tomando en cuenta el proyecto de consolidar la guardia nacional, se reduce en más del 3% el presupuesto a Sedena y se incrementa 1% a la Secretaría de Marina.

En contraste la mayor reducción se presenta en la Secretaría de Gobernación de 61 mil millones a 6 mil millones de pesos; le siguen la Secretaría de Turismo, y la Secretaría de Desarrollo Agrario.

Y seguimos tapando hoyos: Pemex recibirá una inyección directa de 46 mil millones de pesos a capitalización y 40 mil millones de pesos condonados de impuestos para enfrentar la caída de producción.

Sembrando Vida aumenta más del doble de 10.1 a 25.1 mil millones de pesos; y el de Pensión para personas con discapacidad de 3.4 a 11.9 mil millones de pesos, entre otros; medida que no saca de la pobreza a estos sectores, pero eso sí mantendrá la popularidad del presidente.

Y en cuanto a deuda se proyecta contratar el próximo año, 637 mil millones de pesos: 532 mil millones por el gobierno federal y 105 en deuda externa por el sector público.

Se incrementan impuestos al tabaco de 0.35 a 0.49 por cigarro; en refrescos o bebidas saborizadas de 1.17 a 1.27 por litro; y tasar el IVA a servicios digitales como Uber, DiDi, Netflix, Spotify, Rappi o Airbnb, entre otros.

El IVA sobre servicios digitales internacionales como Facebook, Twitter o Netflix, se concretará hasta 2021, pues primero deberán esperar el acuerdo internacional. Pero servicios nacionales como Apps de transporte va para adelante.

Esto es en resumidas cuentas lo que propone el gobierno para 2020; por lo pronto esa promesa de ‘no más impuestos’ se queda de nuevo en el aire.

Por cierto, el Secretario de Hacienda dio a conocer que para Sonora se ha acordado con la Gobernadora Claudia Pavlovich la construcción de un nuevo hospital como parte del programa de un megaproyecto por entidad; no dudamos que traiga beneficios, pero lo que sí urge es dar mantenimiento a los que ya tenemos.

Agradezco sus comentarios y retroalimentación a través del correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.; y en redes sociales: Twitter @DavidFigueroaO /Fb David Figueroa O.

Reseña: David Figueroa Ortega es empresario, Ex Cónsul de México en Los Ángeles y San José California; Ex Diputado Federal; Ex Alcalde de Agua Prieta; Ex Dirigente del PAN en Sonora.

Diálogo: Paquete económico 2020.

Ya vimos cómo el crecimiento cero en la economía mexicana en lo que va del 2019 ha golpeado duro en el tema de inversión y desarrollo, pero el reloj no se detiene y con esas bases hay que mirar al 2020.

No hay mucho tiempo para lamentos y este fin de semana el gobierno federal entregó su propuesta de paquete económico para el próximo año, con algunos indicadores extremos en el tema de recortes e incrementos presupuestales en Secretarías.

De los 6.1 billones de pesos en total que contempla el proyecto, Arturo Herrera, titular de la SHCP asegura que el gasto va enfocado a programas sociales para reducir la desigualdad en México y fortalecer la austeridad republicana, que ya quisiéramos muchos poder traducir este concepto en términos de desarrollo.

De hecho, el proyecto no muestra énfasis en los factores que estimulen el crecimiento económico, dicha responsabilidad queda entonces en manos de los diputados federales que deberán aprobar el paquete a más tardar el 15 de noviembre.

Lo bueno, mantiene un equilibrio fiscal y una visión responsable sobre la deuda pública.

Lo malo, demasiado optimismo referente al crecimiento económico planteado de entre el 1.5% al 2.5%, cuando en este año no creceremos más del 0.4%. Sin contar la desaceleración de la economía norteamericana que se estima sólo crezca el 1.8%.

El optimismo también se refleja en la producción petrolera que contempla 1.95 millones de barriles diarios, tomando en cuenta que hoy en día estamos produciendo 1.6 millones de barriles al día.

Lo feo, que la realidad sea distinta a lo planteado y se tengan que hacer nuevamente ajustes significativos a su política económica, como ya pasó con el presupuesto de este 2019.

En pesos y centavos destaca la Secretaría de Energía con el mayor incremento presupuestal de 27 a 29 mil millones de pesos; le sigue la Secretaría de la Función Pública y en tercer lugar la Secretaría de Bienestar.

A seguridad van 59 mil 150 millones de pesos, pero paradójicamente tomando en cuenta el proyecto de consolidar la guardia nacional, se reduce en más del 3% el presupuesto a Sedena y se incrementa 1% a la Secretaría de Marina.

En contraste la mayor reducción se presenta en la Secretaría de Gobernación de 61 mil millones a 6 mil millones de pesos; le siguen la Secretaría de Turismo, y la Secretaría de Desarrollo Agrario.

Y seguimos tapando hoyos: Pemex recibirá una inyección directa de 46 mil millones de pesos a capitalización y 40 mil millones de pesos condonados de impuestos para enfrentar la caída de producción.

Sembrando Vida aumenta más del doble de 10.1 a 25.1 mil millones de pesos; y el de Pensión para personas con discapacidad de 3.4 a 11.9 mil millones de pesos, entre otros; medida que no saca de la pobreza a estos sectores, pero eso sí mantendrá la popularidad del presidente.

Y en cuanto a deuda se proyecta contratar el próximo año, 637 mil millones de pesos: 532 mil millones por el gobierno federal y 105 en deuda externa por el sector público.

Se incrementan impuestos al tabaco de 0.35 a 0.49 por cigarro; en refrescos o bebidas saborizadas de 1.17 a 1.27 por litro; y tasar el IVA a servicios digitales como Uber, DiDi, Netflix, Spotify, Rappi o Airbnb, entre otros.

El IVA sobre servicios digitales internacionales como Facebook, Twitter o Netflix, se concretará hasta 2021, pues primero deberán esperar el acuerdo internacional. Pero servicios nacionales como Apps de transporte va para adelante.

Esto es en resumidas cuentas lo que propone el gobierno para 2020; por lo pronto esa promesa de ‘no más impuestos’ se queda de nuevo en el aire.

Por cierto, el Secretario de Hacienda dio a conocer que para Sonora se ha acordado con la Gobernadora Claudia Pavlovich la construcción de un nuevo hospital como parte del programa de un megaproyecto por entidad; no dudamos que traiga beneficios, pero lo que sí urge es dar mantenimiento a los que ya tenemos.

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Diálogo: Primer informe y la estrategia presidencial

Andrés Manuel López Obrador llega a su primer informe con un sólido respaldo popular que descansa en una natural aptitud para comunicar y una buena estrategia en este renglón, pero sin claridad en otros fundamentales como: economía, seguridad, transparencia y estado de Derecho.

De ahí que el respaldo popular no sea garantía de confianza en otros sectores este primer año, pues una buena comunicación debe acompañarse de acciones concretas y un camino trazado desde un mismo eje, es decir, estrategia.

Aquí es donde está el mayor de los retos, si se es diferente hay que mostrar con contundencia y sin lugar a dudas en qué y para qué.

Por eso más que analizar el mensaje oficial donde no se dijo ni se vio nada distinto al pasado ni en formato ni en el fondo, vayamos a los hechos.

Algo que se debe reconocer es que en el gobierno de López Obrador se ha ‘achicado’ el espacio de actuación a la corrupción; sin ir más allá ni lanzar palomas al vuelo, en intención se ha mostrado voluntad, al menos en percepción.

Aquí va el pero, falta transparencia en las actuaciones de dependencias federales, licitaciones, asignaciones de compras, de plazas laborales, destino de los recursos ahorrados y una medición que pueda tomarse como parámetro para concluir que se combate la corrupción, sin peros.

Combate a la corrupción bien, no venganzas personales que demeritan la confianza en el discurso porque combate a la corrupción significa sobre todo respeto al estado de Derecho.

Otro punto que no se debe perder es el compromiso de austeridad hecho por este primer gobierno de izquierda, un esfuerzo encomiable y necesario sin duda en el que el Presidente asegura haber ahorrado cerca de 145 mil millones de pesos, eso está muy bien y debe aplaudirse sin peros.

El asunto está en que una cosa es ahorrar y otra recortar presupuestos en forma general sin obedecer a una estrategia de desarrollo económico y social, como el caso de las estancias infantiles, falta de medicamentos y servicios en hospitales, seguro popular, entre otros.

Instituciones asfixiadas y personal tanto ejecutivo como operativo sin opciones para solventar necesidades básicas hasta de vida o muerte a diario son también parte de este primer año de ahorro y combate a la corrupción.

Por otra parte ¿ese ahorro se ha destinado a generar desarrollo económico?

Si se ha destinado a programas sociales para apoyar a sectores desprotegidos para supervivencia diaria pero que no los sacarán de la pobreza, con acciones generosas, pero sin un método para medir su impacto, también es aún una estrategia a medias.

También decretos y decisiones unilaterales nublan esta percepción positiva, como la anulación de la reforma educativa; la construcción del aeropuerto, incumplimiento de contratos anteriores que también cuestan, más obras canceladas, etcétera.

Decisiones como estas y expresiones de poca tolerancia hacia quien difiere de la visión del Presidente han arriesgado también las garantías de imparcialidad y autonomía de las instituciones, lo cual es sumamente grave.

Sin duda sus grandes deudas en este primer año son la inseguridad y el cero crecimiento económico, aunado a que sus grandes proyectos de infraestructura no han despegado.

Como expectativa queda concretar la guardia nacional, especialmente en Sonora, donde este lunes en el marco de la tercera visita del Presidente a la entidad el Secretario de la Defensa Nacional, General Luis Cresencio Sandoval, anunció que a partir de este lunes 02 de septiembre inicia un proceso de depuración de los cuerpos policiacos en los municipios al reconocer la “penetración de la delincuencia organizada”; comenzando en Guaymas y Empalme para continuar en Cajeme, Hermosillo y Navojoa.

En términos generales el Presidente de México debe ya, a pesar de sus virtudes comunicativas, cambiar el discurso y dejar de echar culpas repitiendo que él es diferente, porque hablar del desastre del pasado y el promisorio futuro ya no justifica el presente.

En síntesis, el Presidente Andrés Manuel López Obrador debe entender que moverse no significa desplazarse (avanzar), es decir: querer no es sinónimo de poder.

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Diálogo:Crecimiento cero.

Sin crecimiento no hay desarrollo. Punto.

En esta corta pero poderosa frase se resume el primer año de gobierno de la izquierda en México que encabeza Andrés Manuel López Obrador, quien en medio de críticas por el estancamiento económico del país, comenzó la promoción de este primer informe en medios masivos de comunicación.

Llama la atención como hoy se acepta como una buena noticia el cero crecimiento de nuestra economía, bajo el argumento de no estar en recesión, ya que técnicamente se estaría en ese escenario si los dos últimos trimestres del Producto Interno Bruto hubieran registrado un resultado negativo. Si bien es cierto de enero a marzo la economía decreció 0.2% y en el segundo trimestre de abril a junio se presento un 0.0% de crecimiento, esto hace que técnicamente no se considere como recesión.

Lo cierto es que la economía mexicana se ha achicado.

Keynes (John Maynard Keynes, economista inglés con gran influencia en el siglo XX) dijo que una recesión económica sucede cuando las familias y los empresarios pierden la confianza y dejan de invertir.

Ahora mismo, sólo como ejemplo, el ramo de la construcción datos de INEGI refleja una depresión tanto en personal ocupado, horas de trabajo, remuneraciones y producción.

Disminución de inversión; de producción de bienes y servicios provoca despido de trabajadores, es decir desempleo. A partir de aquí baja el consumo y si esto pasa por un período largo, provoca el empobrecimiento de la población.

Los ciclos de la economía son predecibles y siempre suceden así: sube, baja; sube, baja. Los gobiernos deben tener la capacidad de leer las causas y anticiparse o reaccionar con medidas contundentes, algo que no está sucediendo con el actual gobierno de López Obrador.

Las recesiones económicas se dan por muy diversos factores, internos y externos. Y la de hoy en día tiene mucho qué ver con las decisiones de política interna, algo que no se había visto anteriormente.

Tanto Ernesto Zedillo (-6.29), como Vicente Fox (0.40) y Felipe Calderón (5.29) pasaron por períodos similares, pero en ninguna de estas tres últimas crisis en la historia de México, el presidente en turno fue el responsable directo.

Zedillo Ponce de León heredó la crisis del sexenio que le precedió no sólo en cuestión económica, sino política; Fox tuvo que afrontar los primeros efectos de la globalización, el ambiente de terror y desconfianza a raíz del 9/11 en EU y algo de la crisis argentina; mientras que Calderón se vio obligado a mostrar mano firme ante la peor crisis del 2009 importada originalmente por EU y que se extendió al mundo entero.

Los tres entregaron a sus sucesores una economía sana, si no rimbombante sí superada en cuestión de recesión. Debemos entender que un mal o buen manejo de la economía se reflejará siempre en los sexenios posteriores.

La política de ‘austeridad’ que el Presidente en turno intenta vender como la gran panacea, está resultando todo lo contrario con medidas más populistas que realistas, como todas esas que menciona en su primer spot y que no se ve dónde está todo ese recurso que se dice ahorrado, mientras hospitales y dependencias sufren la peor crisis y en algunos casos las vuelven hasta inoperantes.

Inflación, poder adquisitivo del salario, inversión, deuda son puntos básicos que deben atender a una estrategia de desarrollo día con día. ¿Cómo?

La palabra mágica es confianza como bien lo advierte Keynes y es lo que evidentemente nuestro actual Presidente no ha logrado generar; y mucho menos lo hará con un discurso triunfalista y exitoso en un contexto donde a diario quienes lo escuchan ganan menos, siguen perdiendo sus empleos, sus empresas y sus esperanzas.

Esos spots que comienzan a inundar el ambiente sólo sobre exponen lo contrario. Negar la realidad no la transforma. Es decir, aunque el Presidente tenga ‘otros datos’ no mejora la situación en los hogares y centros de trabajo.

En definitiva: un crecimiento cero impacta el crecimiento y desarrollo humano de un país, y el mayor impacto lo sienten como siempre las personas más desprotegidas, los más pobres de México a quienes López Obrador les prometió un panorama totalmente distinto al que vivimos.

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Diálogo:Descomposición en el IEE

La reciente y espontánea renuncia de una consejera del IEE en Sonora exhibe la descomposición institucional que desde hace tiempo se ha venido presentando en este órgano electoral y toma especial relevancia en un contexto social, político y económico que reclama contrapesos en México e independencia de instituciones como esta.

Claudia Ruiz Resendez ocupó el cargo al que hoy renuncia por un lapso de casi dos años de los siete para los que fue electa y expone en sus motivos “no son consideradas esas opciones que yo planteo” al señalar su desacuerdo con el despido de 40 trabajadores de base del IEE.

Por su parte otro de los consejeros Daniel Núñez Santos, aseguró que este tipo de despidos es algo común y recurrente dentro del instituto, poniendo como ejemplo el realizado en 2015 ‘pasando las elecciones’ cuando alrededor de 50 empleados de distintas áreas perdieron su empleo.

Una crisis por despido de personal es sólo el pretexto que deja de manifiesto o al menos claros motivos para sospechar que hay una lucha de poder interna similar a la que se da en los congresos, pues si los mismos consejeros reconocen que esta práctica no es casual e incluso hay referencia con procesos electorales, no se necesita ser mal pensados para entender la verdadera crisis institucional.

Y la misma Claudia Ruiz argumenta que esos despidos no se justifican en un ajuste presupuestal, pues es nada más una medida transitoria para la contratación de nuevo personal.

Los institutos electorales son pilar de la democracia plena que se busca alcanzar un día en nuestro país, así como el sistema pluripartidista que hoy impera, y la conformación de los congresos entre otros componentes de nuestra constitución; el problema es que este mismo sistema está ahogando a las instituciones en una lucha insaciable del poder por el poder.

En el IEE hay un claro reflejo de descomposición a partir de decisiones que ese mismo consejo al que perteneció Claudia Resendiz ha venido tomando desde meses atrás, como ejemplo la falta de transparencia y congruencia democrática en el pasado proceso electoral 2018.

Ese proceso dejó mucho qué desear, ha sido uno de los capítulos con más demandas en tribunales a lo largo y ancho del estado y los consejeros se escudaron en una legislación insuficiente, pero la voluntad en la facultad que su cargo les confiere no reflejó ese interés por priorizar la democracia y mucho menos reflejó independencia institucional ni personal.

Hoy no todos están de acuerdo, pero lo han estado y no precisamente para enarbolar acciones que dan certeza, legalidad, independencia, imparcialidad u objetividad.

Esos principios los mismos consejeros los han puesto en duda ante una ciudadanía cada vez más informada que exige congruencia, honestidad y transparencia. En estos momentos el desacuerdo es supuestamente por despido de personal, pero el fondo es quiénes se van y quiénes llegarán.

Esta crisis ya se dio en el Congreso local recién iniciada la legislatura y no, los ciudadanos no son ignorantes de la verdadera crisis en el Instituto Estatal Electoral.

Por el bien de Sonora, por el bien de México y la paz social ojalá que los integrantes del Consejo que quedan reconsideren sus decisiones y reflexionen sobre la gran responsabilidad que tienen sobre sí.

Artículo 104 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora: “…los consejeros del instituto no podrán aceptar cargo o empleo de particulares que implique dependencia o subordinación de carácter político…”.

Faltaría agregar ‘ni encargos’. Una evidente lucha de poder partidista o entre órdenes de gobierno en el instituto electoral es la descomposición que a nadie conviene y da al traste con décadas de lucha.

Hartos es una palabra, pero ojo, porque es el punto de inflexión cuando la sociedad se determina.

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