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Last updateJue, 28 May 2020 8am

Diálogo: Inseguridad en Sonora exige actuar con grandeza

La crisis por la inseguridad exige agilizar los nombramientos del Fiscal de Justicia del Estado y del nuevo secretario de Seguridad Pública. Se debe hacer por la grandeza de Sonora y para garantizar la tranquilidad de las familias y de la sociedad.

Los diputados de las diferentes fracciones del Congreso del Estado deben actuar sin regateos, fuera de intereses partidistas, con el máximo compromiso por Sonora, en respuesta a los ciudadanos que los eligieron y que hoy exigen seguridad.

Deben los legisladores actuar con responsabilidad, en beneficio de Sonora, para alcanzar los acuerdos y designar al nuevo Fiscal en el tiempo mínimo necesario.

Igual se requiere de la respuesta expedita del Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado para nombrar al secretario de Seguridad Pública.

Las figuras del fiscal y del secretario de Seguridad Pública son fundamentales para restaurar el orden y enfrentar a la delincuencia organizada que trae en zozobra a la sociedad, con el estallido de los actos de violencia, tras una de las peores semanas en la que asesinaron a seis policías en Guaymas y en Hermosillo.

Son cargos que no pueden estar vacantes. No pueden estar sin las cabezas, en momentos tan delicados, las instituciones encargadas del orden en Sonora.

El nivel de compromiso, aunque lo hagan de manera eficiente, no es el mismo de los encargados de despacho como de los titulares a quienes se les otorga facultades y se les dota de mayores responsabilidades.

Las fracciones parlamentarias deben dejar de pensar como partidos y, al menos, por esta ocasión apartarse de sus intereses partidistas para pensar en Sonora.

No pueden los diputados estar enfrascados en pleitos de partidos mientras los sonorenses viven momentos de angustia y temor por la violencia. Habrá otras ocasiones para pelear, pero ahora es por Sonora, por las familias que demandan seguridad.

Recordemos que con las reformas en materia de Justicia, el Congreso aprobó que la Procuraduría de Justicia del Estado pase a ser Fiscalía y le otorgó autonomía, por lo que la designación del titular tiene que ser autorizada por los diputados, en base al artículo 98 de la Constitución política de Sonora.   http://transparencia.esonora.gob.mx/NR/rdonlyres/781A67DF-7A8B-4B5E-89FD-69BF54A1A126/202655/ConstitucionPoliticadelEstadodeSonora.pdf

De por sí el relevo al frente de la Fiscalía debe pasar por un largo y complicado proceso de selección, que puede llevar casi dos meses, en el que intervienen el Ejecutivo, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y el Congreso, por lo que se debe agilizar por la seguridad de los ciudadanos.

De inicio el Congreso tiene que proponer al menos cinco candidatos, aprobados por mayoría calificada y la lista ponerla a consideración del Consejo Ciudadano, éste validarla y enviarla a la Gobernadora quien decidiría una terna y la turnaría al Legislativo para elegir al nuevo fiscal con el voto de la mayoría calificada, de las dos terceras partes de los diputados.

El fiscal debe ser un profesional probado, con conocimiento de las leyes y los procedimientos legales, alguien con capacidad para garantizar la paz y tranquilidad.

Debe, entre otros requisitos, cumplir un perfil apartidista capaz de aplicar las leyes sin preferencias políticas, además de tener conocimiento pleno del nuevo Sistema de Justicia Penal y el vínculo con las autoridades federales, de Seguridad Pública y militar, para coordinarse.

Es indispensable que tenga conocimiento del mapa delincuencial en Sonora y responda a valores de honestidad, honradez y respeto al Estado de Derecho. Por ser un cargo por nueve años el Congreso debe tomar con detenimiento la decisión, pero no tardar más del tiempo necesario.

Si no se ponen de acuerdo los diputados dentro del plazo estipulado en la Ley, la Gobernadora puede designar al nuevo fiscal de entre los propuestos por el Congreso o de la terna que la propia titular del Ejecutivo haya seleccionado.

No es el caso del Secretario de Seguridad Pública que es aprobado por la Gobernadora, a propuesta del Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, por lo que no se ve mayor problema para seleccionar y definir al nuevo titular.

El momento que vive Sonora por la inseguridad, requiere de todos. Unidos, como sociedad, es como podremos salir adelante en esta difícil situación. Y en las autoridades, incluidos los diputados, deben actuar en apego a sus responsabilidades para garantizar un ambiente de paz. Por la grandeza de Sonora.

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Reseña: David Figueroa Ortega es empresario, Ex Cónsul de México en Los Ángeles y San José California; Ex Diputado Federal; Ex Alcalde de Agua Prieta; Ex Dirigente del PAN en Sonora.


Diálogo: Urge pasar de un salario mínimo a uno digno, sin demagogia

En México debemos pasar de un salario mínimo a un salario digno, que logre incentivar la productividad y la competitividad; que se traduzca en calidad de vida para los trabajadores, también en crecimiento de las empresas y de la economía.

Tanto se ha discutido de que si se debe aumentar o no el salario mínimo, que el tema podría parecer incluso hasta obsoleto.

El sector productivo requiere de una política laboral de largo plazo que dé certeza, con un nivel salarial que posibilite la línea de bienestar de los trabajadores y de sus familias, que esté acorde a las condiciones económicas del País.

La Confederación de Trabajadores de México (CTM) se ha pronunciado a favor de que el Salario Mínimo sea de 110 pesos en todo el país y la Coparmex dio a conocer que hay las condiciones de que sea de 102 pesos para finales de año, por lo que prácticamente están de acuerdo los dos factores de la producción.

Urge que en México pasemos de un salario mínimo a uno digno, porque México es el país de la OCDE con el salario mínimo más bajo. En América Latina sólo están por debajo de México, Cuba y Haití, es decir, tenemos el tercer lugar con el peor salario mínimo de todo el continente.

Según estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en los últimos 25 años el poder adquisitivo del salario mínimo ha caído en un 76 %, lo que ha repercutido en el deterioro de la calidad de vida de los trabajadores.

Fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores repercutiría de manera favorable en el reforzamiento del mercado interno y aumentaría las expectativas de crecimiento económico anual en México, a decir de especialistas en el tema.

Según la Coparmex, el incremento del salario mínimo permite el fortalecimiento del poder adquisitivo de casi 488 mil trabajadores que perciben este ingreso.

Pero no será con demagogia de los partidos políticos, que toman el tema como bandera política con posturas “clientelares” al proponer lo inviable, que se dé el incremento de manera factible, porque éste depende de las condiciones, no es por decreto.

Es hasta curioso que los partidos políticos, a través de las bancadas del PAN, PRD y PRI, en la Cámara de Diputados, se disputen mediante iniciativas el incremento del salario mínimo para 2019, con propuestas desmedidas una de otra, con posturas muy diferentes, cuando lo que se necesita es que se pongan de acuerdo.

Mientras el PAN desempolva una promesa de campaña de aumentar a 100 pesos el Salario Mínimo, los diputados perredistas piden que sea de 176 pesos y los del PRI de plano plantean que sea de 265 pesos diarios, por lo que hay una disparidad.

El sector patronal de Coparmex ha establecido que hay condiciones económicas y políticas para dar ese primer paso hacia la línea de bienestar, que establece la ONU, mediante el incremento del salario mínimo a 102 pesos y que es necesaria una política salarial de largo plazo para el desarrollo sostenido.

Sólo falta que el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), organismo encargado, lo lleve a cabo y esperemos que sea en diciembre próximo cuando está previsto un ajuste, a fin de que los trabajadores puedan aspirar a mejores condiciones de bienestar.

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Reseña: David Figueroa Ortega es empresario, Ex Cónsul de México en Los Ángeles y San José California; Ex Diputado Federal; Ex Alcalde de Agua Prieta; Ex Dirigente del PAN en Sonora.

  

Diálogo: La verificación vehicular: del populismo a la ocurrencia

Por demás absurda la medida que aprobaron los diputados salientes del Congreso Local de revivir el programa de Verificación Vehicular para aplicarla el próximo año en Sonora.

De inicio representa una decisión retrasada, que está fuera de contexto porque no corresponde a las condiciones ambientales en el Estado y nos da una muestra de cuando el populismo de algunos políticos termina en ocurrencia.

Es por demás apresurada porque la iniciativa fue avalada vía “Fast Track”, el 11 de septiembre, por el Pleno de la Cámara de Diputados del Estado, el mismo día que sacaron todos los asuntos pendientes antes de irse los legisladores.

En esa sesión maratónica sometieron a discusión 29 dictámenes, en la que se aprobó la prohibición total del uso del popote en restaurantes y puestos ambulantes.

La verificación vehicular será obligatoria para los propietarios de automóviles en Sonora, al incluirse en las modificaciones a la Ley de Equilibrio Ecológico, específicamente en el artículo 118, por parte de los diputados de la 61 legislatura que acaban de salir el 15 de septiembre.

De acuerdo a las modificaciones, será la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado la responsable de realizar el proceso a través de los centros especializados de verificación que deberá autorizar en cumplimiento a las normas de operación.

Y no es que uno se oponga a la elaboración de leyes que tengan como propósito la aplicación de medidas para la protección del medio ambiente y de la población.

Pero en este caso, reitero, obedece a una ocurrencia, basada en el populismo, que terminaría quedando sólo en una medida recaudatoria y los ciudadanos no están dispuestos a soportar más cobros que lastiman la deteriorada economía familiar.

Es por acciones como ésta que se da una descomposición política, que provoca confusión entre los ciudadanos.

Porque cómo es posible que los diputados que se van hayan aprobado una verificación vehicular que fracasó hace dos décadas en Sonora y que de aplicarse sacaría de circulación a miles de automóviles, entre ellos los carros “chuecos”.

Pero que por otro lado, quienes llegan, como es la senadora Sylvana Beltrones impulsen una iniciativa para legalizar miles de autos “chocolate” en el país.

Se da una dispersión ideológica en los funcionarios, quienes debieran actuar como verdaderos servidores públicos y servir, precisamente, a los ciudadanos.

No terminan por entender el mensaje de rechazo y de hartazgo que los electores expresaron en las urnas, en los pasados comicios, al insistir en medidas recaudatorias disfrazadas de una supuesta protección ambiental.

La verificación vehicular se aplicó en la década de los noventa, pero fue cancelada porque era eminentemente recaudatoria y en Sonora no existía la contaminación como en la Ciudad de México, pero pretenden revivirla ahora con una reforma a la Ley con el supuesto argumento de controlar las emisiones a la atmósfera.

Lo que se requiere es que los legisladores, el Gobierno, trabajen en impulsar leyes y crear condiciones para que los mexicanos, los sonorenses, tengan oportunidades de desarrollo para que puedan adquirir automóviles de modelo más reciente o al menos en buen estado mecánico.

Inevitablemente, con la verificación vehicular, los propietarios de miles de autos tendrían que pararlos por no pasar la prueba, lo que agravaría más el problema de traslado a los centros de trabajo, a las escuelas, con la familia, porque el sistema de transporte colectivo que tenemos es deficiente.

No es con medidas recaudatorias como se protegerá el medio ambiente. Lo único que lograrán es enriquecer a los dueños de los centros de revisión de los automóviles y que el programa fracase porque los ciudadanos no admiten más cobros.

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Reseña: David Figueroa Ortega es empresario, Ex Cónsul de México en Los Ángeles y San José California; Ex Diputado Federal; Ex Alcalde de Agua Prieta; Ex Dirigente del PAN en Sonora.

http://www.congresoson.gob.mx/Transparencia/Asunto/LXI_16_03994

Diálogo: Una dura “prueba de fuego” para los nuevos presidentes municipales

Las autoridades municipales, que tomarán posesión a partir de este 16 de septiembre, enfrentarán una “dura prueba de fuego” al recibir administraciones con finanzas en quebranto, endeudadas, la mayoría, con deficientes servicios públicos y, lo peor, algunas con graves problemas de inseguridad.

La nueva composición política, en cuanto a la distribución de los municipios en la geografía sonorense, inédita en la historia del Estado, representa la forma en la que votaron los ciudadanos al elegir autoridades y la esperanza que tienen porque les resuelvan los problemas en sus comunidades.

Un total de 18 municipios, que representan más del 80 por ciento de la población sonorense, estarán gobernados por presidentes emanados de la Coalición “Juntos Haremos Historia”, de Morena- PT y Partido Encuentro Social, incluidos Hermosillo, Cajeme y Guaymas, donde se han registrado fuertes problemas de seguridad.

En otros 27 municipios más pequeños, serán autoridades emanadas de la Coalición Todos por Sonora integrada por el PRI, Panal y Partido Verde Ecologista de México. Y 9 serán gobernados por la Coalición Por Sonora al Frente, del PAN y PRD.

Serán 6 ayuntamientos encabezados por alcaldes electos en candidatura común, PRI-Panal-PVEM y 3 del PAN-PRD; tres por la postulación única del PRI e igual número de Movimiento Ciudadano, uno de Nueva Alianza, uno del Movimiento Alternativo Sonorense (MAS) y uno independiente en Cananea.

En total son 26 presidentas mujeres electas que encabezarán el destino en igual número de municipios entre los que destacan algunos de los más grandes como Hermosillo, Navojoa y Guaymas; alcaldes hombres gobernarán en los 46 ayuntamientos restantes.

Ejecuciones y asesinatos en Cajeme, Guaymas y Hermosillo, con una percepción de inseguridad a la alza en los habitantes, es el común denominador en estas ciudades en donde ahora alcaldes de partidos diferentes a los que habían gobernado tradicionalmente, tienen la oportunidad de hacer las cosas de otra manera para revertir esa situación negativa.

La violencia con la serie de asesinatos en Cajeme parece imparable y las ejecuciones en San Carlos pusieron en jaque al Municipio de Guaymas en días recientes provocando que las autoridades de Estados Unidos emitieran una alerta para que los ciudadanos de ese país del Norte no vinieran a ese centro turístico.

En la capital sonorense, la delincuencia se ve agravada por las adicciones y el alto consumo de drogas, sobre todo el “cristal” y la proliferación de las llamadas “tienditas”, ante lo cual las autoridades resultan incapaces de combatir y que destruyen a familias enteras.

Otro aspecto que ahoga a las administraciones municipales y que les impide desarrollar obra en beneficio de los ciudadanos es la excesiva deuda pública. Esto frena también la adecuada prestación de los servicios públicos a los habitantes.

En Hermosillo, el monto de la deuda asciende a más de mil 500 millones de pesos –según la alcaldesa saliente Angelina Muñoz Fernández- situación que resulta insoportable y que debe enfrentar la próxima presidenta, Célida López, con el propósito de abatirla porque impide maniobrar de manera eficiente al Gobierno municipal.

De acuerdo al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, al cierre del primer trimestre de 2018, entre los municipios que presentaban los mayores niveles de deuda, en términos absolutos a nivel nacional, están Hermosillo, con una deuda superior a 1,867 millones de pesos.

Otra medida que permite comparar el tamaño de la deuda entre municipios es el de la deuda per cápita en la que se enlistan varios municipios de Sonora a nivel nacional: Agua Prieta con 3,353 pesos; Puerto Peñasco con 3,026; Nogales 2,192.1 pesos; Guaymas con 2 mil 37.5 pesos y Hermosillo con 2 mil 058.

Al primer trimestre de 2018 eran los municipios con la más alta relación entre la deuda e ingresos.

Los nuevos presidentes municipales deberán, con hechos, ganarse la confianza de los ciudadanos, al atender las necesidades más apremiantes, si quieren que les refrenden el voto, lo cual podrán conseguir sólo si dan resultados.

Porque en la pasada elección del 1 de julio, de los 12 alcaldes que se postularon por la reelección, sólo a 5 la población les refrendó su confianza y su voto, por lo que gobernarán por un segundo periodo.

La esperanza esta fincada en los nuevos alcaldes y será preciso que se enfoquen a resolver ploblemas, de lo contrario terminaran decepcionando al ciudadano que los eligio y en las mismas condiciones de los que hoy se van.

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Reseña: David Figueroa Ortega es empresario, Ex Cónsul de México en Los Ángeles y San José California;      Ex Diputado Federal; Ex Alcalde de Agua Prieta; Ex Dirigente del PAN en Sonora.

Diálogo:El usuario, rehén de los chantajes en el transporte público

El usuario es, una vez más, el rehén de las exigencias de los concesionarios que amenazan con paralizar el transporte público de manera indefinida.

Y las  autoridades resultan incapaces para resolver el problema en definitiva mediante la aplicación de la ley y la cancelación de los permisos para operar a quienes incumplan con el servicio.

El origen de los problemas se debe a que las concesiones se entregaron inicialmente, en un esquema político, como recompensa en pago a favores y hoy sufrimos los errores de que las autoridades no puedan hacer frente a ese “pulpo” que es el transporte.

Los concesionarios de las unidades del transporte público en Sonora anunciaron, en su mayoría, que dejarán de prestar el servicio de manera indefinida, a partir de este martes 4 de septiembre, porque alegan que la situación financiera por la que atraviesan es incosteable por el incremento en los insumos como el combustible. 

En Hermosillo, alrededor de 260 camiones no saldrán a brindar el servicio, en Ciudad Obregón serán 200 unidades, 89 en Guaymas, 42  en Navojoa, 25 en Agua Prieta y otras más en San Luis Río Colorado, lo que generará trastornos en las actividades diarias y efectos económicos en esas ciudades.

¡Los ciudadanos no tienen por qué pagar por las deficiencias en el servicio!

Porque los responsables son los dueños de las concesiones por no ser eficientes ni buenos administradores y el Gobierno del Estado por fomentar vicios como éste y no supervisar la correcta operación, por lo que es cuento de nunca acabar.

La amenaza de los concesionarios de paralizar el transporte ha sido recurrente en sus demandas de que le aumenten la tarifa y ahora exigen que sea de 12 pesos cuando aún no cumplen el acuerdo de cobrar los 9 pesos sólo si traían aire acondicionado y la mayoría de las unidades no cubren el requisito.

El transporte está en condiciones deplorables. Lo he usado en varias ocasiones y el mal estado de las unidades salta a la vista, empezando porque tardan mucho en pasar, la mayoría no trae aire acondicionado, sin ventanas, las llantas traen un rechinadero por la falta de balatas.

Lo que hasta hoy se ha hecho es insuficiente. Los concesionarios se la pasan exigiendo un aumento y el Estado evadiendo. Y poco piensan en el usuario que al final es el que resulta afectado.

La tarifa del transporte es de 9 pesos (ordinaria- en unidades en buen estado con aire acondicionado), de 8 pesos en camiones sin refrigeración; 5 pesos la tarifa preferencial para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad.

La tarifa aprobada por el Consejo Ciudadano del Transporte es de 11.50 pesos, pero el Gobierno mantiene el subsidio para que los estudiantes y los sectores más vulnerables tengan una tarifa social; pero los concesionarios quieren 12 pesos.

Apenas en agosto, el Sindicato de Choferes emplazó a huelga a Sictuhsa por la falta de pago de los concesionarios en las prestaciones de seguridad social, IMSS, Infonavit, Caja de Ahorro y Fonacot, pero el estallamiento se conjuró con un acuerdo económico entre la empresa transportista y las autoridades.

Pero ahora, sin previo aviso, los concesionarios amenazan con suspender el servicio, situación que afectaría a miles de habitantes en Sonora, porque tienen en los camiones el único sistema de transporte colectivo a un precio accesible para su economía.

Ya basta de las amenazas de los concesionarios y de que la deficiente prestación del servicio afecte a los usuarios. Y si no es negocio para los empresarios que vendan o entreguen las concesiones al cabo que el Estado, a través de la Dirección del Transporte, aseguró que está en capacidad de operarlas.

También se debe revisar la Municipalización del Transporte propuesta en el Congreso del Estado, pero que a los ayuntamientos se les traspase con todas las facultades para que puedan expedir y renovar concesiones, no sólo para supervisar a fin de que puedan ejercer un control.

David Figueroa Ortega es empresario, Ex Cónsul de México en Los Ángeles y San José California; Ex Diputado Federal; Ex Alcalde de Agua Prieta; Ex Dirigente del PAN en Sonora.

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Diálogo: Las malas prácticas al final de cada administración municipal

Las administraciones municipales llegan al final de su gestión de los tres años y se ha vuelto una práctica que las autoridades salientes intentan, de última hora, sacar todos sus compromisos con la entrega de terrenos para liquidar los adeudos, pero también heredan pendientes de pagos y servicios públicos en malas condiciones.

Los Ayuntamientos quedan “temblando” por esas prácticas inadecuadas que deberían regularizar a fin de que las autoridades entrantes no tengan, la mayoría de las veces, que empezar de cero ni que tengan que “componer el mundo” porque hallan las arcas con falta de liquidez y la prestación de los servicios en deterioro.

Una de esas prácticas que deben frenarse por prestarse a posibles actos de defraudación porque privilegian a empresas o personas favorecidas con bienes públicos, es la entrega de terrenos mediante transacciones no  transparentes para cubrir supuestas deudas que el Ayuntamiento tiene con particulares.

Apenas el viernes, el Cabildo de Hermosillo, en sesión extraordinaria, aprobó una dación de tres terrenos en pago a empresas para cubrir diversos adeudos que el Municipio tiene por proveeduría de servicios e infraestructura por más de 64 millones de pesos.

Lo que se nos hace increíble es que a decir de la presidenta en funciones, Angelina Muñoz Fernández, el Gobierno Municipal no pueda informar de qué empresas se trata, lo que crea sospechas y de que benefician a particulares con quienes pudieran tener compromisos incluso desde las campañas anteriores.

¡Ahora resulta que no pueden precisar los nombres de las empresas ni de los dueños, tampoco pueden revelar su denominación social bajo el argumento de que se trata de proteger datos personales!

Y lo más raro aún es que este tipo de prácticas se realizan a menos de 20 días de que se vayan los funcionarios del actual Ayuntamiento.

En anteriores ocasiones, el Municipio y los hermosillenses han sufrido del saqueo de terrenos, por lo que sería lamentable que una vez más la Comuna fuera víctima del despojo de un patrimonio que es propiedad de todos los ciudadanos.

Lo que aprobaron los regidores, en su mayoría afines a la presidenta municipal y que siguen al pie de la letra las indicaciones, es la dación –dicen- de tres predios, el primero valuado en más de 20 millones 504 mil pesos y que se destinó supuestamente para cubrir un adeudo por 19.5 millones.

También se aprobó la venta de otro predio de 203 mil 292 metros cuadrados, localizado al norponiente del bulevar Jesús García Morales, con clave catastral 3600-28-328-001 y un valor total de 15 millones 844 mil pesos.

De igual manera, el Cabildo de Hermosillo, aprobó la venta de un tercer predio de 8 mil 053 metros cuadrados, localizado en bulevar José María Morelos y Pavón y calle Luis Orcí, en la colonia Jesús García Morales con valor de 29 millones 17 mil  pesos.

Por fortuna, tenemos que agradecer que los regidores dejaron fuera del orden del día y de las intenciones de entregar un predio que se ubica sobre el Vado del Río y Bulevar Serna valuado en 18 millones 656 mil pesos y que es usado, desde hace años, por la etnia Yaqui para sus ceremonias.

Este terreno se pagaría a una empresa mediante dación para cubrir adeudos que tiene el Municipio por el suministro de juegos infantiles y recreativos para los parques de Altares y Pueblitos, por la cantidad de 14 millones 694 mil pesos.

La entrega de bienes por parte del Ayuntamiento, por ser propiedad del Municipio y de los hermosillenses, para pagar adeudos exige que sea con transparencia.

No se justifica de ninguna manera, que bajo el argumento de la supuesta secrecía de datos personales, no se informe del nombre o razón social de las empresas particulares a quienes se les entregan grandes extensiones de terrenos.

Está el caso de los trabajadores municipales que este lunes cerraron la principal vialidad por más de 8 horas, en Luis Encinas y Bulevar Rodríguez, provocando un caos vial, en la exigencia del pago de bonos y de compensaciones incumplidas, lo que es un conflicto que le quedaría a la siguiente administración.

Los servicios públicos como la recolección de basura, seguridad –con patrullas sin gasolina- y bacheo presentan un deterioro al final de cada administración y los ciudadanos no tienen por qué pagar por la deficiencia de funcionarios públicos que poco les importa dejar sus puestos tirados por ir en busca de nuevas posiciones.

La pregunta es hasta cuándo tendremos verdaderos servidores públicos que le transfieran a sus sucesores una administración sana y no una calamidad como tristemente hoy sucede en Hermosillo.

David Figueroa Ortega es empresario, Ex Cónsul de México en Los Ángeles y San José California; Ex Diputado Federal; Ex Alcalde de Agua Prieta; Ex Dirigente del PAN en Sonora.

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