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Diálogo: La insensibilidad al asignar las becas y la exclusión de niños discapacitados

Por David Figueroa O.

Nada lastima y ofende más a un padre de familia que ver que sus hijos no tengan las mismas oportunidades que los demás para estudiar en Igualdad de condiciones, pero sobre todo si se trata de pequeños que tienen alguna discapacidad.

La falta de sensibilidad, equidad y de transparencia al aplicar nuevos criterios para asignar las becas escolares por parte del Gobierno del Estado, a través del Instituto de Becas y Crédito Educativo, provoca que cientos de estudiantes se queden sin el estímulo y que se pierda el objetivo de alcanzar la excelencia académica.

Al iniciar esta semana se desató la inconformidad, de manera justificada, de un gran número de padres de familia al ver que sus hijos no recibirán más la beca que tenían desde hace varios años a pesar de tener promedios de 100.

Resulta incomprensible que de manera estricta, bajo el argumento de un nuevo procedimiento de redistribución, sin notificación previa el Instituto redujo de manera drástica el número de beneficiarios para alumnos de escuelas particulares.

Del 10 por ciento de la matrícula por plantel, a partir de este ciclo disminuyó al 5 por ciento el número de beneficiarios que recibirán el apoyo del 40 por ciento de la colegiatura.

A los padres de familia jamás les informaron de los nuevos criterios de selección establecidos en la nueva Ley publicada el 29 de enero de 2018, y hay casos de niños con 99 y 100 de promedio de calificación, que habían estado becados toda la primaria y secundaria, por lo que es ilógico que ahora no tengan el “estímulo académico”.

En base a información del propio Instituto de Becas y Crédito Educativo, 4 mil 805 estudiantes, de primaria, secundaria y preparatoria, no fueron seleccionados para recibir el apoyo.

La directora del Instituto de Becas y Crédito Educativo, Yazmina Anaya Camargo aseveró que mediante un sistema de cómputo y utilizando los tres criterios, además de tener un promedio de nueve, se hizo la selección de los 8 mil 82 becados de un total de 12 mil 887 solicitudes, por lo que más de la tercera parte quedó fuera.

"Hay una nueva ley, que nos marca en el artículo 45, criterios de selección y otorgamos 8 mil 082 becas, son 7 mil 243 para primaria y secundaria y 839 para preparatoria y universidad", dijo la funcionaria en una declaración que, por supuesto, no convence a los padres de familia cuyos hijos quedaron fuera del beneficio.

Aunque las autoridades del Instituto de Becas y la gobernadora, Claudia Pavlovich, hayan declarado que la asignación de becas para escuelas particulares se hizo con base en la ley ¿Cómo explicarles ahora, no a los padres, a los estudiantes que se esfuerzan en obtener las mejores calificaciones que ya no tendrán el estímulo que tanto los motivaba?

Los nuevos criterios de redistribución de becas para escuelas particulares aprobados en la Ley, al analizarlos, vemos que determinan que sean niños con discapacidad, hijos de madres solteras o dependan de los abuelos sean de escasos recursos, pero dejaron para lo último el promedio escolar.

Pero lo más grave aún y que contradice a la ley es que el Instituto de Becas y Crédito Educativo negó becas a 30 niños con autismo que estudian en escuelas particulares en Hermosillo, lo que fue denunciado por la Asociación Autismo Sonora.

Y demuestra esa falta de sensibilidad porque en los últimos dos años los papás venían solicitando las becas, debido a que envían a sus hijos a escuelas particulares con experiencia en la atención a niños con autismo.

El Estado debe reconsiderar los nuevos criterios porque no tiene la capacidad en infraestructura y personal para atender toda la demanda y se podrían dar casos de estudiantes que tengan que abandonar su educación privada para asistir a escuelas públicas por la falta del apoyo económico.

Las protestas de los padres de familia amenazan con endurecerse y el Gobierno Estatal deberá ser más sensible para apoyar a los estudiantes que necesitan del estímulo y a quienes se les arrebató de pronto, de lo contrario el problema puede tomar otros tintes.

David Figueroa Ortega es empresario, ex cónsul de México en Los Ángeles y San José, California;   ex diputado federal; ex alcalde de Agua Prieta; ex dirigente del PAN en Sonora.

Agradezco sus comentarios y retroalimentación a través de: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.                   @DavidFigueroaO y FB/David Figueroa O.


Diálogo: El Isssteson, las crisis y conflictos

La problemática del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson) es como un cuento de nunca acabar.

El mal uso del instituto, que ha sido “caja chica” de gobiernos estatales y de funcionarios que han dispuesto de los recursos que debieran ser para prestar un adecuado servicio médico y de seguridad a miles de derechohabientes, provoca que esté en una crisis financiera que parece no tener fin.

Para el Isssteson el panorama es complicado, a pesar de los programas emergentes de rescate instrumentados por diferentes gobiernos estatales para “aliviar al enfermo” que cada vez está más grave y que de no encontrar el remedio para su rehabilitación podría entrar en etapa terminal.

Como efecto de esa crisis, este lunes estalló la exigencia con una manifestación de siete sindicatos que reciben los servicios, que demandaron abasto de medicinas y la mejora en las prestaciones en sus jubilaciones.

Los males crónicos que padece el Isssteson parecen no tener cura, con afecciones de larga duración y que lo tienen como “un enfermo grave” y, al igual que los sistemas de seguridad a nivel nacional, como el IMSS y el ISSSTE, el diagnóstico podría ser peor si no le aplican la receta y el tratamiento adecuado.

La falta de recursos amenaza con hacer estallar al Isssteson por lo que requiere de mecanismos de refinanciamiento, con la recuperación de los adeudos históricos de ayuntamientos y organismos afiliados, a fin de lograr su estabilidad.

Aunque desde diciembre del 2016, esta administración estatal dio a conocer de la grave crisis que enfrenta el Isssteson y de un plan emergente de recuperación de adeudos, con medidas administrativas y legales, es necesario tomar “el toro por los cuernos” e intervenir al paciente hasta que sane por completo.

Pero no es sólo mediante un programa eficiente de recuperación de cuotas, también se debe rediseñar una estructura operacional y establecer candados que eviten fugas o desviaciones de los recursos que no deben tocarse porque el Isssteson es patrimonio de los trabajadores.

Para el ejercicio del 2017, el entonces director del Isssteson, Enrique Claussen, solicitó un subsidio extraordinario emergente por mil 787 millones de pesos, de los cuales 527.9 millones eran para responder a los compromisos de pagos de nóminas de pensiones y jubilaciones de los afiliados.

El déficit para financiar el otorgamiento de los servicios médicos y medicamentos que demandan los derechohabientes requería de 659.9 millones de pesos para atenderlo sólo en el último año.

Un raquítico Fondo de Pensiones y Jubilaciones que ha sido “caja chica” de gobernadores es el problema más fuerte que arrastra el Isssteson por ese “jineteo” de las cuotas obrero-patronales y que luego no encuentran cómo recuperarlas.

Del presupuesto del Isssteson, más de la mitad, el 54 por ciento, se destina al pago de pago de pensiones y jubilaciones. El presupuesto de egresos en el 2018 es de 8 mil 980 millones. http://transparencia.esonora.gob.mx/NR/rdonlyres/3A2E5679-7779-4F6B-9DE0-82D179A21CB9/275999/EjecutivoIngresosEgresos2018.pdf

Las cuestionadas, inmorales y jugosas pensiones de unos cuantos políticos, alrededor de 50, entre funcionarios y ex funcionarios públicos, que perciben entre 80 mil y 160 mil  pesos mensuales, sangran más las finanzas del Isssteson.

Este instituto de seguridad no debe verse más como instrumento político del gobierno en turno, ni utilizarse para disponer de los recursos que corresponden a los trabajadores afiliados, ni para solucionar situaciones que son ajenas a este organismo.

El Isssteson requiere de cirugía mayor, cortar de tajo con la corrupción, frenar las insultantes pensiones de ex funcionarios y ser administrado correctamente, de lo contrario el deterioro de esta institución seguirá lastimando a quienes debería de servir, es decir a sus derechohabientes.

David Figueroa Ortega es empresario, Ex Cónsul de México en Los Ángeles y San José California; Ex Diputado Federal; Ex Alcalde de Agua Prieta; Ex Dirigente del PAN en Sonora.

Agradezco sus comentarios y retroalimentación a través del correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.; y en redes sociales: Twitter @DavidFigueroaO /Fb David Figueroa O.

Diálogo:La promesa presidencial incumplida

Por David Figueroa O.

No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla… Y tristemente esta vez es en descrédito del presidente Enrique Peña Nieto y desfavorable para los sonorenses.

Porque de la promesa del presidente de la República de modernizar la Carretera de Cuatro Carriles y entregarla en agosto convertida en autopista con concreto hidráulico, finalmente no se dio.

Ya llegó este mes propuesto inicialmente para entregar la obra, pero vemos que simplemente no pudieron hacerlo.

Aunque ahora nos han cambiado la fecha para finales de año y los funcionarios del Gobierno Federal, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, concretamente, juran y perjuran que entregarán la obra terminada antes de que termine esta administración, en diciembre, difícilmente vemos que lo logren.

Mientras, la carretera federal 15 –de Cuatro Carriles- sigue allí para los miles de automovilistas y choferes de unidades pesadas, desafiante a la muerte, al utilizar esta rúa considerada entre las más peligrosas del país –entre las cinco peores-, amén de ser de las más caras en pago de cuotas y de las más malas, es ineficiente para el traslado de mercancías.

Pero ahora es peor, resulta más peligrosa por tantas desviaciones, en julio pasado había 45, lo que incrementa la amenaza para quienes no tenemos otra opción que transitar por esos carriles sin líneas divisorias y en donde no ve uno donde termina la cinta asfáltica con el consecuente riesgo de salirse del camino.

Manejar por esta carretera es ponerse uno en riesgo y a la familia por falta de señalizaciones adecuadas que provoca que conductores sigan de frente lo que ha provocado aparatosos accidentes y muertes.

El 22 de abril de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto, en gira por Sonora, anunció “con bombo y platillo” la magna obra de ampliación a cuatro carriles, con altas especificaciones y concreto hidráulico del total de la carretera Estación Don-Nogales, que cruza por Sonora.

Ahí, en un acto del que fuimos testigos los sonorenses, el presidente de México instruyó a los titulares de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Comunicaciones y Transporte (SCT) a buscar los mecanismos financieros para la ansiada obra que tendría originalmente un costo de 13 mil millones de pesos.

Todavía el 11 de mayo pasado, en una visita a Hermosillo, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en México, Gerardo Ruiz Esparza, reafirmó que en agosto debía quedar concluida la modernización de la carretera federal número 15 de cuatro carriles en Sonora.

“Me permito anunciar que esta obra quedará terminada sin duda alguna en el próximo mes de agosto, una obra amigas y amigos, querida gobernadora, sumamente compleja, 652 kilómetros la inversión más grande que tiene el Gobierno de la República, con dinero del Gobierno de la República”, declaró el titular de la SCT en lo que ahora es una promesa presidencial incumplida.

Pero aún más, nos enteramos con sorpresa –pero más con escepticismo- aunque ya nada nos sorprende, que la cotización inicial se rebasó y que ya era de más de 20 mil millones de pesos la inversión –no los 13 mil millones iniciales-.

Aún más, de la instalación de concreto hidráulico prometido por el Presidente para la totalidad de la carretera, constatamos que no se cumple porque al ir de Hermosillo a Santa Ana la mayor parte de la rúa es de asfalto; más allá de esa ciudad el concreto hidráulico está convertido en un peligro mayor con tramos mal hechos, que se cortan de repente, con demasiadas ondulaciones que provocan “el brincoteo” de los automóviles.

Todavía Ruiz Esparza aseguró que la inversión es “para transformar esta rúa en una carretera de altas especificaciones cuya superficie de rodamiento será totalmente de concreto”, lo cual está fuera de la realidad.

Aunque pretenden hacernos creer que hay un avance del 89 por ciento y que han modernizado mil 121 kilómetros de un total de mil 304 en ambos cuerpos de la carretera de Cuatro Carriles, basta con salir hacia el lado de Guaymas para observar grandes tramos no empezados. Se ven puentes en construcción, algunos lejos de estar conectados al camino.

El plazo prometido ahora por los funcionarios de la SCT es terminar la obra y entregarla antes del 1 de diciembre que será el relevo de Presidente de la República.

Está para dudarse y uno “Como Santo Tomás, hasta no ver no creer”. Los directivos de la SCT deben apresurar a las empresas constructoras para que aceleren los trabajos.

Mientras tanto los sonorenses seguiremos pagando las consecuencias de un ineficiente ejercicio de gobierno que sigue cobrando vidas en esta carretera federal.

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Reseña: David Figueroa Ortega es empresario, Ex Cónsul de México en Los Ángeles y San José California; Ex Diputado Federal; Ex Alcalde de Agua Prieta; Ex Dirigente del PAN en Sonora.

Diálogo: La composición inédita del Congreso Local

La nueva integración del Congreso del Estado, con el arrastre de Morena y el “tsunami” provocado por Andrés Manuel López Obrador en las elecciones, es histórica y pone en aprietos a la autoridad electoral al conformar la lista de los diputados plurinominales.

Hoy tenemos una realidad política diferente, con un Poder Legislativo con mayoría abrumadora de la Coalición “Juntos Haremos Historia” que servirá como dique de contención al Gobierno de Claudia Pavlovich y pondrá a prueba a sus operadores sobre la capacidad para llegar a acuerdos por el bien de Sonora.

El nuevo Congreso será atípico por varias razones:

Primero, porque habrá una composición poco esperada, sorpresiva, con una sobrerrepresentación con bastante fuerza de Morena y elementos verdaderamente históricos, como el hecho de que un partido de reciente creación tendría 23 de los 33 diputados.

Morena, en coalición con los partidos del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), ganó en 20 de los 21 distritos electorales en Sonora. Y tendría de 2 a 3 curules más en la integración de diputaciones plurinominales.

La segunda razón es que el PAN cae al nivel de “chiquillada” al tener sólo dos diputados plurinominales que lo coloca en una posición de casi nula capacidad de negociación. De esta manera, históricamente Acción Nacional tiene una regresión a los niveles de los años ochenta o antes.

No se había visto una derrota tan grande para el PAN en la era democrática de México y de Sonora.

La tercera razón de la conformación histórica de la Legislatura local es que en el caso del PRI, nunca en su historia política desde su fundación – y eso que tiene su cuna en este Estado- había tenido tan sólo cuatro diputados, plurinominales todos y ni uno de mayoría.

Este revés tan tremendo para el PRI le quita también toda capacidad de negociación política y le reduce al mínimo el margen de operación en la interlocución que el secretario de Gobierno estatal tiene todavía al contar, en el Congreso actual, con una mayoría integrada por diputados priistas.

Y eso pondrá a prueba al Ejecutivo estatal porque la composición del Congreso, requerirá de la capacidad y de la habilidad que tengan sus funcionarios para poder impulsar los temas en materia de presupuesto y en iniciativas necesarias para el desarrollo de Sonora.

Por lo pronto, la nueva realidad política para conformar el Congreso puso en aprietos y hasta este lunes, al vencer el plazo, el Instituto Estatal Electoral (IEE) no había podido definir la lista de diputados plurinominales. Este martes los consejeros integrantes del IEE seguían aún sin determinar la relación de diputados por esa vía.

Eso exhibe una tremenda incapacidad para precisar cuántos legisladores de representación proporcional le tocan a cada partido. Y de seguro, ante la falta de certeza, la lista que resulte será impugnada en los tribunales electorales. 

La falta de contundencia del Instituto Estatal Electoral para designar el número de diputados plurinominales provoca desconfianza y un conflicto innecesario entre los partidos políticos, pero también la falta de credibilidad de los ciudadanos hacia este proceso electoral.

Pero, sobre todo, queda al desnudo la incompetencia de una autoridad electoral que crea dudas al no basarse en una metodología precisa para designar el número de diputados que le toca a cada partido conforme a la votación obtenida, lo que genera sospechas sobre los posibles intereses que pudiera tener la asignación de los legisladores plurinominales.

Al final, la integración inédita del Congreso, con este gran poder de Morena y sus partidos aliados pondrá a prueba al Ejecutivo del Estado, pero también la democracia en Sonora. 

Pondrá a prueba a un Congreso que hoy se constituye de una manera muy sui géneris y qué bueno. Los sonorenses depositaron su confianza en esta composición política y de seguro la exigencia ciudadana será mayúscula.   

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Diálogo:El problema del transporte y la exigencia de soluciones efectivas

La problemática del transporte, por su magnitud, requiere de soluciones efectivas, de una transformación de fondo, con reformas legales bien sustentadas, no de una municipalización apresurada, porque serán los usuarios quienes al final paguen las consecuencias de omisiones y malas decisiones.

Este lunes, en reunión de comisiones en el Congreso del Estado, se aprobó en lo general la iniciativa del Gobierno estatal para municipalizar el transporte público en Sonora, cuando apenas tres días antes se había dado a conocer y ya este jueves pasaría al Pleno del Legislativo para su aprobación.

La Comisión de Transporte y Movilidad autorizó, como ya sabemos, los proyectos de reforma constitucional en la materia y la nueva ley de transporte para transferir la operatividad del servicio a municipios.

La aprobación “Fast Track”, sin revisar a fondo las aristas de la problemática mediante una consulta previa con especialistas y los sectores sociales involucrados, puede llevar a equivocaciones en un tema que ha ocasionado tantos “dolores de cabeza”.

Y más si se pretende que sea un servicio eficiente, con tarifas justas, al alcance de los usuarios, pero también que sea rentable para los concesionarios y éstos estén comprometidos a modernizar el transporte tan necesario para el desarrollo de la capital y de las otras ciudades.

Las autoridades municipales electas debieron de haber sido tomadas en cuenta para elaborar la iniciativa y llevar a cabo la transferencia porque serán éstas las que tengan la difícil carga. No se trata nada más de trasladar responsabilidades sin revisar todos los términos.

Porque la reforma de la Ley General del Transporte tiene como propósito transferir a los municipios la operatividad en el diseño de las rutas y horarios de servicio, en la regulación de concesiones, también de incidir en el tema de tarifas.

Los municipios tendrán la labor de vigilar, fiscalizar y sancionar cuando la prestación del servicio esté fuera de la ley, pero según la información preliminar a la que hemos tenido acceso no se les otorgan todas las facultades, como autorizar o cancelar las concesiones vigentes que sigue en manos del Gobierno del Estado.

La iniciativa elimina el Fondo Estatal para la Modernización del Transporte (FEMOT), la Dirección General del Transporte y el Consejo Ciudadano del Transporte, pero crea la Comisión Estatal del Transporte.

La única oportunidad para los ayuntamientos, al municipalizarse el transporte, es que podrán adecuar el servicio conforme a las necesidades de los habitantes.

Pero algo básico para que el servicio municipalizado funcione es que los Ayuntamientos necesitan enormes cantidades de dinero para infraestructura y pago del personal encargado de esa área, lo cual representa una difícil carga financiera.

En base a datos de la Dirección del Transporte, el Gobierno estatal destina unos 7 millones de pesos mensuales en subsidio para que los concesionarios no incrementen las tarifas, por lo que sería difícil para los municipios absorberlo.

La municipalización es, de entrada, apresurada a dos meses para que asuman los gobiernos municipales electos y las reformas disponen que se tengan 90 días para adecuar su marco normativo y estructura de Gobierno para el inicio de sus facultades.

Al investigar sobre el tema encontramos que desde el 2006 el Gobierno del Estado pidió a los municipios que instalaran la Comisión Reguladora del Transporte, pero aún no lo hacen, por lo que no están preparados para la transferencia de facultades.

Aunque nos aseguren que la iniciativa -que suple a la actual ley 149 y transfiere a los municipios la operatividad- es para beneficiar a los ciudadanos con la mejora en las condiciones del transporte urbano, lo apresurado al aprobarla sin socializarlo puede ser en perjuicio del servicio y de los usuarios.

El desarrollo de Hermosillo y de las ciudades del Estado exige un servicio de transporte eficiente, a la altura de la modernidad, que impulse el crecimiento económico. Ya basta de que los ciudadanos estén lidiando con los problemas de siempre.

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Reseña: David Figueroa Ortega es empresario, Ex Cónsul de México en Los Ángeles y San José California; Ex Diputado Federal; Ex Alcalde de Agua Prieta; Ex Dirigente del PAN en Sonora.

iálogo: Pierden registro partidos políticos

Por David Figueroa Ortega.

El multipartidismo en México resulta demasiado costoso y reducir el número de partidos políticos trae beneficios, sobre todo al erario público, pero lo ambiguo de la ley permite que algunas organizaciones subsistan aun cuando no representan una opción real ni aportan nada a un sistema democrático.

En las recientes elecciones, Nueva Alianza (Panal) y Encuentro Social (PES) no alcanzaron el 3 por ciento requerido por lo que tienen, en definitiva, que despedirse del sistema de partidos y el Instituto Nacional Electoral (INE) trabaja ya en su liquidación.

Otros institutos políticos como el de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano y Verde Ecologista de México (PVEM) estuvieron nominados a desaparecer, pero lograron salvarse aprovechando las deficiencias legales.

Aunque el PRD, MC y Partido Verde no alcanzaron el mínimo de la votación requerida en la elección de Presidente de la República, sí lo lograron en la de diputados y senadores, lo que les dio margen para respirar aún.

Los partidos aprovechan lo ambiguo de la Ley: Y se valen de que la Ley General de Partidos Políticos, en el artículo 94 se establece; “No obtener por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones federales ordinarias para Diputados, Senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de un partido político nacional, o de Gobernador, diputados a las legislaturas locales y ayuntamientos, así como de Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, tratándose de un partido político local, si participa coaligado”

Pareciera que la interpretación que se le otorga a la ley es que es suficiente superar el tres por ciento al menos en alguna de las tres elecciones (presidencial, de senadores o diputados federales) para conservar el registro.

La ley debe ser precisa respecto a la salida de partidos que son una carga para el pueblo, que resultan demasiado caros, carecen de ideología, no son opción real y no aportan al debate público. 

Por ejemplo ¿Cómo se justifica que el PRD obtuvo el peor resultado de toda su historia?, con una votación presidencial del 2.3 por ciento - en la de legisladores obtuvo el 5 por ciento-, y que de los 4 millones de afiliados sólo un millón votó por este partido que no enarboló la ideología de izquierda al ir en coalición con el PAN.

También vemos el caso de un partido tradicionalmente conservador como el PES de origen evangélico en coalición con Morena, que está a favor del aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo.

A manera de ejemplo, el Partido Verde obtuvo sólo el 1.85% en la elección presidencial, aunque en la elección de senadores logró el 4.45%.

El financiamiento para los partidos es tan alto en México que sólo con la salida de esos dos partidos, el de Nueva Alianza, que recibió 419 millones de pesos en este año y el de Encuentro Social, con 398 millones, significa un ahorro de 817 millones.

El costo del multipartidismo es demasiado caro que, aún con la eliminación de esos dos partidos, se requiere adelgazar el sistema para que esté a la altura de los más avanzados del mundo donde algunos países tienen sólo dos o tres opciones políticas.

Al analizar la Ley Orgánica del Congreso General nos encontramos que al desaparecer el PES y el PANAL, los 58 legisladores electos, por estos partidos, aun así podrán tomar posesión del cargo y gozar de las prerrogativas como diputados –uno para senador-, por lo que no se elimina totalmente el costo para el pueblo.

Por eso, se debe pugnar por reformas legales que permitan tener un sistema de partidos justo, que no sea tan caro y responda realmente a las expectativas de los mexicanos.

Reseña: David Figueroa Ortega es empresario, Ex Cónsul de México en Los Ángeles y San José California;      Ex Diputado Federal; Ex Alcalde de Agua Prieta; Ex Dirigente del PAN en Sonora.

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